Nada de listas, ni de reválidas. El sistema de evaluación educativa
ideado por el gobierno andaluz, formado por PSOE e IU, se enfrenta a las
propuestas del Ministro de Educación, José Ignacio Wert.
Durante su presentación, la consejera de Educación, Mar Moreno, se
empleó ayer en subrayar las diferencias con las políticas educativas
impulsadas por el gobierno del PP. “Queremos una evaluación andaluza
integral, nos preocupa mejorar resultados como al que más, pero no
queremos clasificar”, mantuvo.
El departamento de Wert propuso a las comunidades autónomas la creación de una plataforma
en Internet que ofreciera información sobre todos los colegios e
institutos públicos. Según los planes del Ministerio de Educación, esa
página serviría para que los colegios rindieran cuentas y las familias
pudieran elegir centro con más información.
El plan de evaluación andaluz se implantará previsiblemente entre
2012 y 2016 y tiene como objetivo final “promover el éxito escolar y
avanzar en calidad y equidad”. La consejera contrapone el “enfoque empresarial y segregador” del PP a un modelo de evaluación
alternativo que presta atención a la diversidad. “Es una evaluación
antirranking y antirreválidas, para prevenir y para mejorar”, explicó.
Entre las novedades para el curso 2012-2013 está el adelanto de las
pruebas de diagnóstico para casi 180.000 alumnos de 4 de Primaria y 2 de
ESO. Con ello, buscan prevenir el fracaso escolar, y no certificarlo, y
también fomentar que el profesorado se autoevalúe y marque su plan de
mejora. Este instrumento se materializará en una Guía de Buenas
Prácticas, personalizado y a medida de cada profesor, y que, según
Moreno, ha despertado un gran interés entre la comunidad educativa. Los
exámenes a los profesores serían de carácter voluntario, confidencial e
individual.
La titular de Educación volvió en varias ocasiones sobre el enfoque
“segregador” de la reforma educativa del PP, e insistió en que la
educación andaluza está en contra de las clasificaciones, confía en los
docentes y en la inspección, y respeta el diálogo social. El plan de
evaluación afectará a más de 250.000 alumnos y 25.000 profesores y tiene
un presupuesto de 1,8 millones.
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