En 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó conmemorar, cada 15 de octubre, el “Día Internacional de las Mujeres Rurales” como reconocimiento de “la función y contribución decisivas de la mujer rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
Las mujeres rurales representan el 25% de la población mundial, pero suelen ocupar los puestos más bajos en todos los indicadores socioeconómicos. Suman casi 500 millones de trabajadoras sin tierra y constituyen una parte importante de la mano de obra del sector, pero sólo reciben un 5% de los recursos agrícolas. En las áreas rurales, las disparidades y las dificultades son más duras que en los otros ámbitos y se convierten en obstáculos insalvables para las mujeres y las niñas. “Trabajan largas horas con poco o ningún salario y producen una gran proporción de los alimentos que se cosechan, especialmente en la agricultura de subsistencia. Son agricultoras, empresarias y líderes y con su esfuerzo mantienen a sus familias, sus comunidades, sus naciones y a todos nosotros. A pesar de ello, se enfrentan a algunas de las peores desigualdades en el acceso a los servicios sociales, a la tierra y a otros bienes productivos”, denunció Michelle Bachelet, Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el pasado 8 de marzo (2012), Día Internacional de la Mujer.
En España, el Medio Rural integra un 20% de la población (un 35% si se incluyen las zonas de la periferia urbana), y representa el 90% del territorio. Es donde se encuentran la totalidad de nuestros recursos naturales y una parte significativa de nuestro patrimonio cultural. El desarrollo económico que disfrutó nuestro país en décadas pasadas benefició en mayor medida al medio urbano, manteniendo la mayor parte del medio rural un persistente atraso económico y social, debido a causas económicas, sociales y políticas, que el PSOE siempre ha declarado que es necesario combatir.
Para ello, el Gobierno Socialista promovió la aprobación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, con la clara resolución de terminar con la discriminación de la España Rural e iniciar una política rural de Estado. El objetivo general de la ley es lograr la deseable cohesión económica social y territorial, atendiendo debidamente a la ciudadanía que habita el medio rural, de forma preferente a las mujeres y a las personas jóvenes y a las mayores, mejorando su situación socioeconómica y su acceso a unos servicios públicos suficientes y de calidad. Todo ello protegiendo y conservando el rico patrimonio natural y cultural de nuestro medio rural. La organización de cooperación internacional OCDE ha apoyado la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y ha reconocido que con la misma “España responde a la necesidad de una política rural más allá de la agricultura y de las políticas de la Unión Europea”.
El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, que aprobó el último Gobierno Socialista, estableció además las acciones y políticas sectoriales necesarias para poder cumplir los objetivos de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, y previó las actuaciones concretas de sus ejes estratégicos, entre los que se encuentran los servicios y el bienestar social. El planteamiento del programa es integral e incluye actuaciones para los diferentes ámbitos que lo componen, como son la Educación, Sanidad, Protección Social y Cultura. Las acciones previstas van desde el transporte escolar necesario para el traslado de los alumnos y las alumnas de los núcleos aislados y de zonas de montaña; los centros de salud con un equipamiento básico sanitario estándar; hasta la asistencia a la dependencia -incluida la infancia en edad preescolar-, el teléfono de ayuda y equipos de asistentes a domicilio; y servicios de información y orientación destinados al Medio Rural (sobre formación, empleo, prevención de drogodependientes, voluntariado y acción social, integración social, violencia de género, igualdad, ocio, cultura y deporte).
La duración del Programa de Desarrollo Rural Sostenible está prevista para los años 2010 a 2014, afecta a varios sectores de nuestra economía (agricultura, educación, sanidad, servicios Públicos, vivienda rural…) y requiere el compromiso de todas las administraciones, por lo que este programa es un buen articulador de nuestro Estado de las Autonomías. Con este objetivo, el último Gobierno Socialista negoció con las Comunidades Autónomas las bases necesarias para que el programa se cofinancie entre el Estado y las Comunidades Autónomas.En la misma línea de apoyo especifico al Medio Rural, la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias, aprobada también por el último Gobierno Socialista, dio respuesta a las inquietudes y demanda de unas 100.000 mujeres rurales. Permite que las mujeres, que trabajan en explotaciones agrarias y ganaderas de las que son propietarios sus maridos o pareja de hecho, obtengan el reconocimiento de ser titulares de campos y granjas; dispongan de un salario o participación en el producto de la explotación; y coticen a la Seguridad Social, obteniendo por ello las debidas prestaciones.
Con el Gobierno Popular, el panorama ha cambiado radicalmente. El Gobierno de Rajoy ha puesto un freno a la política rural de Estado, impulsada por el Gobierno de Zapatero, mediante una drástica reducción presupuestaria del Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014: los 200 Millones de Euros destinados en el año 2011 han sido reducidos a 28 Millones en 2012, y el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 plantea dejarlos en 20,2 Millones de Euros. Con ello, el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 subsistirá formalmente como un innovador y articulador programa para el Medio Rural pero habrá sido vaciado de la más mínima financiación económica para poder llevarse a cabo.
Este radical recorte en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 y la consiguiente paralización de una política sensible y de actuación integral para el Medio Rural se suma a la clara reducción del gasto social y el desmantelamiento del Estado del Bienestar, que viene realizando el Gobierno del PP, con todas sus reformas. Hoy tenemos en curso el proyecto de Ley de Presupuestos Generales para 2013 y la propuesta del Gobierno supone que:
Los programas de Formación y Fomento de Empleo Femenino se reducen en un 63,5% en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2013 respecto de los Presupuestos del 2012, lo que supone una disminución del 94% respecto de los últimos Presupuestos del Gobierno del PSOE en 2011.
• La Política Educativa se reduce un 14,4%, más de 326 millones de euros, y el descenso en el presupuesto de Becas puede suponer la reducción de 300.000 becarios.
• La Sanidad Pública tampoco resulta prioritaria al recortarse un 22,6% respecto del 2012.
• Un drástico recorte del 65% de la Red Básica de los Servicios Sociales, desde 2011, se ve acompañado por un recorte al apoyo a la Dependencia en más de un 30%, lo que supone el desmantelamiento y colapso del propio sistema de dependencia.
• Por último, no aparecen el plan personalizado de asistencia a las víctimas de violencia de género y las campañas de prevención contra esta lacra social.
El PSOE va a seguir trabajando, de forma decidida, para que la Ley 35/2011 sobre Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias sea conocida por las mujeres rurales y goce de una aplicación efectiva; y para que se pueda desarrollar la red de servicios prevista en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014, incluyendo las acciones a favor de la formación y del empleo de las mujeres, y los servicios contra la violencia de género. Las mujeres y los hombres socialistas defendemos, sin fisura, un Estado del Bienestar que garantice el derecho a la educación, a la sanidad pública, a los servicios sociales y a la igualdad en el medio rural.
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