La iniciativa del PSOE,
apoyada en el Pleno por IU, PA y CA y con la abstención del PP, ya ha iniciado
los trámites administrativos
El
Ayuntamiento de Almuñécar presentará un recurso de inconstitucionalidad contra
la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, tras
aprobar el último Pleno una iniciativa del PSOE que pedía su paralización y
retirada. La iniciativa socialista obtuvo los votos favorables de IU, PA y CA,
mientras que el PP se abstuvo.
Según ha
informado el portavoz del PSOE, Francisco Prados, la alcaldesa ya ha firmado el
poder para que el letrado inicie el procedimiento que llevará al Tribunal Constitucional
el recurso del consistorio sexitano, que se suma al de otros municipios de la
Costa como Salobreña.
Francisco
Prados ha justificado esta iniciativa argumentando que la nueva Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local invade las
competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía en materia de régimen local,
por ejemplo la creación supresión y alteración de municipio o la creación de
nuevas Entidades Locales Autónomas, algo a lo que aspira el pueblo de La Herradura,
y con lo que el portavoz socialista ha asegurado, “desde el PSOE estamos
totalmente a favor”.
Prados también
ha criticado que la ley vulnera el principio democrático en el ámbito local
porque establece, “entre otras cosas”, que si en el pleno no hay acuerdo, el
equipo de gobierno puede tomar las decisiones.
“Quieren
hurtar a la oposición la posibilidad de control sobre la labor del equipo
de gobierno, algo incomprensible porque puede favorecer las arbitrariedades y
posibles corruptelas. Y quieren alejar también a los ciudadanos de la
resolución de los problemas más inmediato, ya que la administración más cercana
no tendrá competencias”, ha argumentado.
Otra de las
razones esgrimidas por el portavoz del PSOE es que esta norma “quita autonomía”
a los ayuntamientos en favor de las diputaciones, “curiosamente, la mayoría
controladas por el PP”, va contra la Ley Local de Andalucía, que define 28
competencias para los consistorios, y cuestiona la Ley de participación de los
ayuntamientos en los tributos.
Prados ha
señalado también que la Ley de Reforma Local puede dejar fuera del consistorio
los servicios sociales, las guarderías, la ayuda a domicilio las residencias de
la tercera edad, “con lo que eso supone para los usuarios, sus familias y los
trabajadores”.
“Además,
elimina las oficinas de atención a la mujer y al consumidor que actualmente hay
en los municipios. Y las Mancomunidades no podrán realizar políticas de
formación y empleo”, ha advertido.
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